Gobierno entregó bloque Junín 10 a empresa creada hace 4 meses en Holanda

Inversiones Petroleras Iberoamericanas fue constituida en abril y su consejero, José Ramón Blanco Balín, es investigado por un caso de corrupción en España

El gobierno le entregó el bloque Junín 10 a empresa creada hace cuatro meses en Holanda. El 10 de junio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la creación de la empresa mixta petrolera Petrosur, cuyas acciones pertenecen a la Corporación Venezolana de Petróleo-Pdvsa (60%) e Inversiones Petroleras Iberoamericanas (40%).

La empresa mixta se encargará de operar el bloque Junín 10 en Monagas, Anzoátegui, en la faja del Orinoco, donde se presume hay 10.000 millones de barriles de crudo pesado. La constitución de Petrosur fue aprobada en una reunión de la junta directiva de Pdvsa realizada el 22 de marzo de 2017. Firman el convenio Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por Inversiones Petroleras Iberoamericanas el consejero delegado José Ramón Blanco Balín. Por su participación, Inversiones Petroleras Iberoamericanas entregará al gobierno de Venezuela 400 millones de dólares.

El caso es que Inversiones Petroleras Iberoamericanas fue constituida apenas el 19 de abril de 2017 en Ámsterdam, Holanda, con la modalidad de stichting, especie de fundación, y se regirá conforme a las leyes de Los Países Bajos. Además, en España existe una empresa con el mismo nombre desde 2013.

Blanco Balín también es consejero delegado de la empresa española y ahora, vuelve a estar relacionado con Alfonso Cortina, que al parecer también es fundador del stichtingholandés. Cortina fue presidente de Repsol, el gigante petrolero de España

La plenaria de la Asamblea Nacional, por solicitud del vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, diputado Elías Matta, autorizó a la instancia parlamentaria investigar el proceso de constitución de Petrosur, pues se presume que se cometieron irregularidades.

En primer lugar, el diputado afirmó que esa empresa viola la Constitución en su artículo 150, el cual establece que los contratos de interés nacional deben ser aprobados por el Poder Legislativo y la Ley de Hidrocarburos en su artículo 33 determina que la constitución de empresas mixtas debe ser autorizada por la Asamblea Nacional.

Matta expuso que Blanco Balín fue vicepresidente de Inversiones Petroleras Iberoamericanas de España. Destacó que llama la atención que este tipo de negociación se haya hecho a dedo sin licitación. “En países como Brasil, Colombia y Argentina la entrega de campos petroleros se hace con una licitación”.

Otro punto que resaltó es que al no haberse hecho una licitación no se sabe si el país hubiera podido recibir más dinero por la entrega del bloque Junín 10. “Al no haber competencia la ventaja la definen ellos. El contratista ofreció un bono especial de 400 millones de dólares. Pudo haber sido más”.

Matta afirmó que no vale que el Tribunal Supremo de Justicia se ampare en las sentencias 155 y 156 con las cuales despojó al Parlamento de sus atribuciones y señalar que se encuentra en desacato porque esos fallos fueron enmendados por el mismo tribunal. Sin embargo, el TSJ, la parte atinente a la constitución de empresas mixtas, la mantuvo en su poder.

El diputado indicó que se crea la duda si estas empresas son un brazo de Repsol y de ser así, se pregunta ¿por qué Repsol no actuó directamente?

Los parlamentarios esperan dar respuesta a esta y otras interrogantes mediante la averiguación que realizará la Comisión de Energía y Minas. El Ministerio de Petróleo, Pdvsa e Inversiones Petroleras Iberoamericanas ya están al tanto de la investigación y de que el acuerdo es ilegal porque viola la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. La Comisión de Finanzas les envió cartas para notificar del hecho.

Escándalos internacionales

Más allá de la investigación parlamentaria, en el exterior también han surgido dudas sobre esta negociación por cuanto el stichting es una especie de fundación que permitiría ocultar quiénes son los verdaderos propietarios.

Además, se desconoce cómo Blanco y Cortina obtuvieron los 400 millones de dólares para entregar a Venezuela y, al parecer, no se trata de dinero efectivo sino de un bono.

Por ahora, se sabe que Blanco Balín, vicepresidente de Repsol en 2002, fue imputado en el caso Gratel. Se trató de una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. La investigación se inició en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción de España y denunciada porla Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional.


Capital

Inversiones Petroleras Iberoamericanas de España fue creada con un capital inicial de 147.500 euros con forma jurídica de sociedad anónima. Alfonso Cortina figura como presidente; José Ramón Blanco Balín, como vicepresidente y consejero delegado. Tiene su sede en el Paseo Castellana, 140, Piso 5 C, 28046, Madrid, España.

 

Fuente: El Nacional.

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